• Justicia y Derechos Humanos

Córdoba debe fortalecerse como Estado de Derecho, con un estricto respeto de la división de poderes, la independencia de la justicia y los principios y garantías constitucionales, y con una total libertad de expresión.

Sin legalidad constitucional no hay libertades ni derechos ni garantías para la vida y el desempeño personal y colectivo. El desarrollo económico y social requiere de la previsibilidad de la ley.

El sistema judicial necesita reformas profundas y de largo alcance para garantizar la independencia judicial, lo que requiere, entre otras cosas, la incorporación de tecnología de última generación en el mantenimiento de archivos de antecedentes, el expediente digital, la notificación digital, y el acceso de nuestros jueces a toda información de manera inmediata y certificada.

En línea con los objetivos del área de seguridad, es fundamental mejorar los resultados de la persecución penal para disminuir la impunidad y que los cordobeses podamos vivir con tranquilidad.

Para ello son necesarios procesos penales rápidos y efectivos que sancionen al delincuente con el pleno respeto de las garantías constitucionales. En esta línea, debe realizarse un gran esfuerzo para tener cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los presos, como indica la Constitución Nacional, con centros de seguridad que ayuden a los detenidos a reinsertarse productivamente en la sociedad, con educación y trabajo.

Otro eje es ampliar el acceso a la Justicia a sectores vulnerables, con políticas para el acompañamiento a las víctimas en los procesos judiciales y herramientas en los mecanismos jurisdiccionales para la sociedad, y que contemplen el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado argentino.

 

• Seguridad

Entendemos por seguridad aquella situación de hecho en la cual se encuentran minimizados tanto los riesgos de ocurrencia de delitos como los niveles de criminalidad y violencia. El Estado posee la responsabilidad indelegable de proveer y asegurar los niveles aceptables de seguridad pública y protección a los ciudadanos en lo referido a su integridad física, como también a su patrimonio, siendo sus herramientas principales las políticas de prevención, la gestión de las fuerzas policiales y de seguridad y la administración de justicia penal.

Serán herramientas fundamentales la inversión en tecnología de última generación, la instalación de cámaras, y la adquisición de elementos técnicos que permitan una rápida investigación. La capacitación policial será una constante.

 

• Relaciones internacionales y defensa

Atento la ausencia de políticas internacionales eficaces por parte del poder central, la Provincia deberá acercarse al mundo, y, sobre todo a nuestros clientes internacionales, tanto actuales como eventuales, promoviendo la calidad de nuestra industria.

El Banco de Córdoba promoverá créditos para exportación, asignando recursos fiscales de ser necesario. El apoyo del Gobierno a los exportadores será central.

Creemos que la pérdida de gravitación y credibilidad regional y global, deberá ser compensada con políticas provinciales activas. Córdoba se abrirá al mundo para incrementar su participación en los flujos de comercio e inversión, ya que tenemos toda la potencialidad para ser mucho más de lo que es ahora.

Para ello Córdoba bregará por eliminar todas las barreras que la Nación, directa o indirectamente coloca en el comercio internacional. Todas las agencias nacionales que intervienen en el comercio internacional, serán invitadas a formalizar acuerdos que acerquen sus oficinas, hoy en Buenos Aires, a nuestra provincia; a agilizar trámites y a delegar en Córdoba la autorización respectiva.

 

• Modernización del Estado

La modernización del Estado debe entenderse como un paulatino retiro de su presencia estorbadora, burocrática y costosa, de la actividad cotidiana. El sector privado, los emprendedores y los inversores, tendrán las puertas abiertas para hacerse cargo de tareas que antes eran propias del sector público.

  

Una de las prioridades de nuestro gobierno será desarrollar un plan integral de Gobierno Electrónico, que incluya la reducción de papelerío, generar un sistema transparente de compras electrónicas, integrar los sistemas de identificación de personas, y la tramitación electrónica y transparente de subsidios.

Transparencia, ética pública y organismos de control, son nuestros desafíos, sobre todo en la lucha contra la corrupción.

Los ejes fundamentales de la política de transparencia pasan por la rendición de cuentas, el acceso a la información y la ética pública, poniendo énfasis tanto en la prevención como en la lucha contra la corrupción, articulando políticas y organismos, en base al diseño, implementación, y seguimiento y evaluación de políticas públicas. Se buscará generar un fuerte impacto al interior de la administración pública, y de la ciudadanía en nuestro país y hacia el exterior.